El Instituto Nacional Electoral (INE) revisa su estructura administrativa después de la salida de varios integrantes de la Junta General Ejecutiva nombrados durante la presidencia de Guadalupe Taddei, informó el consejero electoral Martín Faz Mora en una entrevista con Central Electoral. El proceso, explicó, se desarrolla de manera gradual.
Continuidad operativa
Faz Mora sostuvo que los ajustes no comprometen la preparación de las elecciones de 2027. El instituto cuenta con cerca de 16 mil trabajadores; de ellos, alrededor de 2 mil 200 forman parte del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), cuya estructura y mecanismos de ingreso no fueron modificados durante la gestión de Taddei.
- La Junta General Ejecutiva está en proceso de recomposición.
- El personal restante se encuentra bajo evaluación.
- Los lineamientos operativos y el programa de capacitación electoral ya fueron aprobados y están en ejecución.
El consejero también señaló que el órgano electoral recuperó una dinámica colegiada para adoptar decisiones. La reorganización, dijo, busca preservar el funcionamiento del instituto mientras se definen los cambios internos.
Designación de la presidencia
Sobre la elección de quien encabezará el Consejo General, Faz Mora consideró que la designación debe reunir el mayor consenso político posible. Al mismo tiempo, rechazó que sea conveniente sustituir en este momento a la totalidad de los integrantes del Consejo General, debido a que el país se encuentra ante un proceso electoral.
El consejero se refirió además a los señalamientos sobre posibles responsabilidades de antiguas presidencias del INE en irregularidades relacionadas con proveedores. Afirmó que no cuenta con elementos que acrediten la participación de los exconsejeros presidentes en actos de corrupción.
Faz Mora reconoció que existe una concentración de empresas proveedoras de material electoral que han trabajado con distintos organismos del país, pero precisó que contratar servicios dentro de ese mercado no demuestra por sí mismo la existencia de corrupción o acuerdos indebidos. Añadió que, si aparecen pruebas materiales de responsabilidades, las personas involucradas deberán responder.