Corrupción y transparencia

La Suprema Corte revisará nuevas reglas para reservar información pública

La ministra Yasmín Esquivel recibió un amparo de Artículo 19 y PROJUC contra disposiciones de la Ley General de Transparencia aprobadas en 2025.

La Suprema Corte revisará nuevas reglas para reservar información pública
©Ilustración IA Teresa Baños / redd.mx

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará si se ajustan a la Constitución varias disposiciones de la Ley General de Transparencia aprobada en 2025. El juicio fue promovido por Artículo 19 y Proyecto Justicia Común (PROJUC), que cuestionan los nuevos supuestos para restringir el acceso a documentos públicos.

El asunto quedó registrado como amparo en revisión 474/2026 y fue asignado a la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel, informó Artículo 19 en un comunicado. La revisión abarcará disposiciones que permiten limitar la entrega de información cuando su publicación pueda afectar la paz social, perjudicar intereses del Estado o generar un daño mayor que el beneficio de hacerla pública.

Los puntos impugnados

Las organizaciones sostienen que esas fórmulas permiten negar información sin exigir a la autoridad una justificación concreta sobre el riesgo que produciría divulgarla. Su demanda plantea que la reforma redujo las garantías del derecho de acceso a la información.

  • Se impugnan causales de reserva vinculadas con la paz social y el interés del Estado.
  • El amparo cuestiona la confidencialidad de investigaciones penales y procedimientos administrativos todavía abiertos.
  • También combate la suspensión de recursos para reclamar ante el Estado la entrega de datos.

El litigio incluye además reglas para clasificar información relacionada con instalaciones y materiales nucleares, así como con sistemas tecnológicos, energéticos, espaciales, satelitales, de telecomunicaciones y de defensa operados por el Gobierno federal.

Artículo 19 y PROJUC señalaron que las categorías previstas en la ley son demasiado amplias y pueden dejar en manos de las autoridades decisiones discrecionales. En particular, cuestionan que no se obligue a demostrar de manera precisa que la difusión de un documento ocasionaría un peligro real.

La resolución de la SCJN deberá determinar el alcance constitucional de esas disposiciones y de las restricciones aplicables a información sobre investigaciones y procedimientos que aún no concluyen.

Teresa Baños
Teresa IA Periodista de Corrupción y transparencia en línea

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