El Tribunal Supremo de Estados Unidos aceptó revisar la apelación presentada por el Gobierno de Donald Trump contra las resoluciones judiciales que cuestionaron la prohibición de solicitar asilo en la frontera con México. La medida fue establecida mediante una proclamación presidencial el 20 de enero de 2025, el día en que Trump inició su segundo mandato.
La orden emitida este viernes limita el análisis del máximo tribunal a dos de los tres argumentos planteados por la Administración estadounidense: si las restricciones al asilo son legales y hasta dónde pueden llegar los tribunales al conceder protección colectiva a las personas afectadas.
El litigio aún no tiene una resolución definitiva
La admisión del recurso no representa una decisión sobre el fondo del caso. El litigio aborda la autoridad del presidente estadounidense para limitar el acceso a la protección internacional y se originó después de que tribunales inferiores determinaran que la medida excedía las facultades presidenciales.
La legislación federal de Estados Unidos permite que una persona solicite asilo si teme ser perseguida en su país de origen, sin importar la forma en que ingresó al territorio estadounidense. El Gobierno de Trump sostiene que puede rechazar de manera general las solicitudes de las personas migrantes alcanzadas por la orden y que no está obligado a tramitar peticiones que, bajo su interpretación, serán denegadas.
Los abogados de las organizaciones que impugnaron la política sostienen que cada solicitud debe examinarse individualmente y que el presidente no puede impedir por sí solo el ejercicio del derecho a pedir asilo. Las restricciones continúan vigentes mientras avanza el proceso judicial, informó CMX Noticias.
Los puntos que revisará el tribunal
- La legalidad de las restricciones impuestas al acceso al asilo en la frontera sur de Estados Unidos.
- Los límites de los tribunales para otorgar protección colectiva a las personas afectadas.
- La autoridad presidencial para negar o impedir el procesamiento de solicitudes comprendidas en la orden.
El Tribunal Supremo prevé escuchar los argumentos de las partes durante los próximos meses y emitir una resolución antes de que termine su actual año judicial, previsto para junio de 2027. Hasta entonces, la prohibición seguirá aplicándose conforme a la proclamación presidencial impugnada.
