En Tapachula, Chiapas, la tramitación del asilo enfrenta demoras que convierten el derecho a la protección en un proceso prolongado y oneroso para las personas solicitantes. La Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político establece que una solicitud debe resolverse en un plazo máximo de 45 días hábiles, pero en la práctica las entrevistas y resoluciones pueden tardar hasta dos años, según un reportaje de Grupo Animal.
Colapso institucional y efectos en la vida cotidiana
El reportaje describe oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) con capacidad reducida por recortes presupuestales y alta saturación de expedientes. Como consecuencia, las personas solicitantes deben acudir a firmar periódicamente para conservar su trámite, lo que afecta su movilidad y su posibilidad de acceder a empleos estables.
- Plazo legal: 45 días hábiles para resolver una solicitud, según la ley.
- Retrasos reales: procesos que pueden extenderse hasta dos años, de acuerdo con Grupo Animal.
- Obligación de firma: las personas deben presentarse cada 10 días en las oficinas de la Comar para mantener su expediente activo.
- Costos indirectos: trámites que obligan a aceptar empleos informales y mal pagados; el reportaje documenta casos con gastos adicionales como reiniciar procesos tras problemas de salud (2,000 pesos en uno de los relatos).
Grupo Animal documenta testimonios de solicitantes que relatan cómo la demora trastoca sus proyectos de vida y los expone a desplazamientos constantes, pérdida de oportunidades laborales formales y precariedad económica. La ciudad de Tapachula sigue siendo un punto de llegada y espera para personas que, en algunos casos, optan por buscar destinos como Monterrey por sus oportunidades laborales.
“Yo tenía una vida y una carrera, pero esa vida era bastante complicada hasta que llegué al punto en que dije ‘ya no más violencia, ya no más tortura’”, dijo Marjory a Grupo Animal, quien pidió omitir su nombre real por seguridad.
El reportaje subraya que, además de la saturación operativa, las condiciones institucionales han empeorado por recortes presupuestales y desmantelamiento operativo, lo que transforma el procedimiento legalmente acotado en un laberinto temporal para las personas solicitantes de refugio.
Las dificultades señaladas en Tapachula tienen implicaciones para la garantía del acceso a la protección internacional en México, puesto que el cumplimiento del plazo legal y la atención oportuna son requisitos formales y materiales para asegurar derechos de las personas que huyen de violencia o persecución.
