Cuatro organizaciones de asistencia legal presentaron una demanda contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por retirar del sistema público de localización los datos sobre el paradero de personas detenidas que tienen órdenes definitivas de deportación.
La acción fue presentada el miércoles ante un tribunal federal en Boston. Las organizaciones solicitan que una jueza o un juez bloquee el cambio, que, de acuerdo con la demanda, dificulta o impide que abogados de inmigración encuentren a sus clientes para brindarles asistencia legal.
La medida afecta a más de 16 mil detenidos
Associated Press informó que la modificación fue adoptada el mes pasado y que, hasta entonces, había alcanzado a más de 16 mil de las casi 69 mil personas bajo custodia de ICE. La agencia también instruyó a su personal para no revelar la ubicación de quienes tienen órdenes definitivas de expulsión.
La demanda sostiene que la política vulnera los derechos de los abogados de inmigración. Jacquelynne Bowman, directora ejecutiva de Greater Boston Legal Services, una de las organizaciones demandantes, declaró que impedir la localización de una persona puede privarla de una oportunidad para defender sus derechos.
“Nadie debería verse privado de una oportunidad real para defender sus derechos porque el gobierno ha hecho imposible que su abogado lo localice”, declaró Jacquelynne Bowman.
Las organizaciones señalaron en el documento judicial que el cambio administrativo deja a personas detenidas sin acceso oportuno a representación legal. También pidieron que se detenga su aplicación mientras se resuelve el litigio.
- Más de 16 mil personas fueron afectadas por la eliminación de sus ubicaciones del sistema en línea.
- El universo de personas bajo custodia de ICE citado por Associated Press es de casi 69 mil.
- La demanda fue presentada ante un tribunal federal en Boston.
ICE y el Departamento de Seguridad Nacional no han confirmado públicamente el cambio, informó Associated Press. Ambas instituciones han señalado que están dando prioridad a las personas con órdenes definitivas de expulsión para su deportación y que enfrentan un número histórico de órdenes judiciales que bloquean sus acciones.
