Organizaciones mexicanas de derechos humanos señalaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que 96.5% de los casos de asesinato y desaparición de personas defensoras registrados entre enero de 2022 y septiembre de 2026 no cuenta con una sentencia condenatoria.
El planteamiento fue presentado el 29 de octubre durante una audiencia pública sobre la situación de quienes realizan labores de defensa en México, celebrada en Panamá como parte del 197º periodo de sesiones de la Comisión. Las organizaciones contabilizaron 103 personas asesinadas y 10 desaparecidas en ese lapso. De los 113 expedientes, indicaron, únicamente cuatro llegaron a una condena.
Petición a la Fiscalía General de la República
Las agrupaciones solicitaron a la FGR poner en marcha, en las entidades del país, el protocolo especializado para investigar delitos contra personas defensoras. También pidieron que el plan tenga responsables identificables, recursos, fechas de cumplimiento, capacitación y un registro de denuncias.
- Investigar tanto a quienes ejecutan las agresiones como a quienes las ordenan.
- Garantizar la intervención y la protección de víctimas, familiares y comunidades.
- Establecer reuniones periódicas de seguimiento con las organizaciones.
Entre las organizaciones participantes estuvieron Amnistía Internacional, Artículo 19, Brigadas Internacionales de Paz, Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Cencos y CEJIL. La audiencia quedó registrada por la CIDH.
“El Estado mexicano asumió seis compromisos”
De acuerdo con lo expuesto por las organizaciones, el Estado mexicano aceptó revisar los casos presentados y valorar la creación de una fiscalía especializada, además de atender otros compromisos planteados durante la sesión.
Desplazamiento interno en Chiapas
En la audiencia también se abordó la situación de las comunidades desplazadas. Las organizaciones citaron datos del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, que contabiliza 24 mil 510 víctimas de desplazamiento forzado interno en Chiapas. Asimismo, solicitaron medidas de protección, asistencia humanitaria y condiciones para un retorno voluntario y seguro.
