La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ordenó reparar de manera integral el daño causado a dos exfuncionarios públicos que fueron acusados por la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán del penal del Altiplano, ocurrida en julio de 2015.
La determinación está contenida en la Recomendación 210VG/2026, dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Gobernación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El organismo señaló que durante el proceso penal se vulneraron los derechos fundamentales de los dos exservidores públicos.
Derechos afectados durante el proceso
La CNDH estableció que fueron transgredidos los principios de presunción de inocencia, libertad personal y debido proceso. De acuerdo con la resolución, las afectaciones alcanzaron la vida personal y profesional de ambas personas.
El organismo también documentó un deterioro grave en su salud física y psicológica, además de daños a su reputación pública y a sus proyectos de vida. La recomendación se emitió después de revisar las actuaciones relacionadas con las acusaciones por el escape del penal federal.
Medidas solicitadas a las autoridades
Las tres instituciones deberán establecer un plan de reparación integral que incluya:
- Indemnización económica para las personas afectadas.
- Atención médica y acompañamiento psicológico continuo.
- Acciones institucionales que funcionen como garantías de no repetición.
La CNDH indicó que estas últimas medidas deben contribuir a evitar que vuelvan a presentarse acusaciones sin sustento o detenciones arbitrarias contra servidores públicos en investigaciones de alto impacto.
La fuga de Guzmán ocurrió en el Centro Federal de Readaptación Social del Altiplano en 2015. La resolución de la CNDH centra sus señalamientos en las actuaciones que afectaron a los dos exfuncionarios y solicita la intervención coordinada de la FGR, Gobernación y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para cumplir con la reparación.
