México mantiene desafíos para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, afirmó la relatora especial de Naciones Unidas sobre esa situación, Andrea Bolaños, durante una audiencia pública de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizada el 29 de octubre de 2026 en Panamá.
Más de un centenar de organizaciones civiles expuso ante la CIDH que entre 2022 y el 30 de septiembre de 2026 documentó 103 homicidios y 10 desapariciones de personas defensoras en México. De esos casos, 20 habían sido judicializados y solo cuatro contaban con una sentencia condenatoria, de acuerdo con los datos presentados por las organizaciones.
Señalamientos ante la CIDH
Las organizaciones sostuvieron que el 96.5 por ciento de los casos permanece sin una resolución condenatoria. También afirmaron que las medidas del Estado mexicano para proteger a esta población, investigar los delitos y sancionar a los responsables siguen siendo insuficientes.
Bolaños reconoció avances en el país, pero señaló que persisten dificultades para crear condiciones seguras para quienes realizan esta labor, especialmente las personas indígenas, las buscadoras y las organizaciones que trabajan en zonas con alta presencia del crimen organizado.
“Enfrenta desafíos significativos para garantizar un entorno seguro y propicio para la labor de las personas defensoras”.
La relatora informó que durante 2026 envió, junto con otros mandatos de los procedimientos especiales de la ONU, ocho comunicaciones dirigidas al Estado mexicano. Según explicó, esos mensajes reflejan señalamientos sobre criminalización, detenciones arbitrarias, asesinatos e impunidad.
Respuesta del Estado mexicano
Alejandro Encinas, representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, aseguró que la protección de las personas defensoras es uno de los asuntos prioritarios para el país. Dijo que se atiende mediante la coordinación de instituciones de los distintos órdenes de gobierno.
- 103 homicidios y 10 desapariciones fueron documentados por organizaciones civiles entre 2022 y septiembre de 2026.
- 20 casos habían sido judicializados y cuatro tenían sentencia condenatoria.
- La relatora reportó ocho comunicaciones enviadas a México durante 2026.
