El Instituto Nacional Electoral (INE) prepara una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles irregularidades en contratos, proveedores y decisiones administrativas tomadas durante la gestión anterior, informó el 4 de noviembre de 2026 la presidenta provisional del organismo, Blanca Yassahara Cruz García.
La funcionaria explicó que los equipos jurídicos del instituto trabajan en la integración del expediente que será entregado al Ministerio Público. La determinación cuenta con el respaldo de las 10 consejerías electorales, de acuerdo con la información difundida por el INE.
La revisión no se limitará a una persona ni a un puesto concreto. Cruz García señaló que podrían ser examinadas las actuaciones de quienes ocuparon cargos en la Secretaría Ejecutiva, así como de directores, subdirectores y otros servidores públicos cuando existan indicios de posibles irregularidades.
- El expediente será presentado ante la FGR para que determine si existen elementos para iniciar actuaciones penales.
- La revisión abarca contratos, proveedores y decisiones administrativas de la gestión anterior.
- La eventual responsabilidad corresponderá establecerla a las autoridades competentes mediante las investigaciones respectivas.
El caso se relaciona con cuestionamientos sobre contrataciones del instituto y con posibles conflictos de interés en el cumplimiento de las normas de contratación pública. La FGR deberá analizar la documentación y las pruebas que se incorporen para establecer si hubo conductas constitutivas de delito y, en su caso, quiénes podrían tener responsabilidad.
Sectores de oposición han mencionado posibles delitos como peculado, cohecho, ejercicio abusivo de funciones, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esos señalamientos no constituyen por sí mismos delitos acreditados, por lo que cualquier determinación dependerá de las indagatorias y de las resoluciones correspondientes.
La presidenta provisional del INE indicó que la investigación institucional abarcará las decisiones y relaciones administrativas que sean necesarias para integrar el expediente. Después de su entrega, corresponderá a la Fiscalía valorar si procede ejercer acciones ante los tribunales federales.
