La Fiscalía General de la República (FGR) volvió a ejercer acción penal contra 10 exfuncionarios del ISSSTE por la presunta contratación ilegal de servicios de laboratorio con un valor superior a 3 mil 675 millones de pesos. La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción pidió a un juez federal programar una nueva audiencia inicial.
La nueva solicitud ante un juez federal
La audiencia fue solicitada ante el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente. En ella, la FGR pretende formular imputaciones contra los exservidores públicos y pedir que sean vinculados a proceso por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades.
El caso corresponde a adjudicaciones directas realizadas en 2018 para servicios destinados a hospitales y unidades médicas del ISSSTE. La acusación sostiene que las contrataciones se basaron en información entregada por las empresas participantes y que no se obtuvieron cotizaciones independientes para comparar precios y condiciones.
- La FGR busca imputar formalmente a los 10 exfuncionarios.
- La Fiscalía solicitará su vinculación a proceso.
- Los contratos investigados superan los 3 mil 675 millones de pesos.
Antecedente de la investigación
En julio de 2026, el juez de control Marco Antonio González Cortázar resolvió no vincular a proceso a los exservidores públicos. El juzgador señaló omisiones y deficiencias en la imputación presentada entonces por la FGR.
La decisión de julio no ordenó sobreseer ni cancelar la investigación. Por ello, la Fiscalía mantuvo abiertas distintas líneas de indagatoria y optó por presentar nuevamente el caso ante los tribunales, sin impugnar aquella resolución. La nueva audiencia deberá definir si se formulan los cargos y si existen elementos para iniciar un proceso penal contra los exfuncionarios.
La investigación está relacionada con contratos de servicios de laboratorio asignados a farmacéuticas identificadas en la indagatoria como el llamado “Cártel de la Sangre”. Hasta el momento, la solicitud de la FGR corresponde a una acusación en trámite y no a una sentencia contra los exservidores públicos.