La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) rechazó que el Gobierno de Texas pueda declarar de su propiedad nueve islas del Río Bravo y permitir el ingreso de autoridades estatales para patrullarlas. La dependencia sostuvo que la frontera entre México y Estados Unidos no puede ser modificada por decisión unilateral de un gobierno estatal.
La respuesta se produjo después de que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) informó que identificó las islas como terrenos estatales, tras revisar zonas cuya titularidad no estaba claramente establecida. En conjunto, las superficies abarcan aproximadamente 66 acres, equivalentes a 27 hectáreas, y se ubican a lo largo de la frontera, entre las zonas de Laredo y McAllen.
La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, dijo que las fuerzas de seguridad podrán acceder a esos terrenos, inspeccionarlos y realizar patrullajes. La funcionaria vinculó la medida con la vigilancia fronteriza y afirmó que islas de ese río han sido utilizadas para el tráfico de personas y drogas. La GLO, sin embargo, indicó que no ha confirmado actividades delictivas en las nueve islas señaladas.
La revisión de los terrenos comenzó después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos solicitó examinar 28 islas cuya propiedad se consideraba incierta. La GLO concluyó que nueve correspondían al estado de Texas, de acuerdo con la información difundida por las autoridades estatales.
La SRE recordó que el Tratado de Límites de 1970 establece que la línea internacional en el Río Bravo sigue el centro del cauce normal. Ese criterio determina la soberanía de las tierras situadas a cada lado, incluso si antes tuvieron otra titularidad.
“La frontera entre México y Estados Unidos no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal”.
La dependencia añadió que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es el órgano facultado por ambos países para aplicar el tratado y establecer de qué lado de la frontera se encuentra cada isla. También señaló que ninguna autoridad estatal tiene esa atribución.
- La SRE dará seguimiento a cualquier acción en la zona.
- México planteó que la revisión debe realizarse mediante los mecanismos bilaterales previstos en los tratados.
- El tratado limita la construcción de obras que puedan alterar u obstruir el flujo normal del río, conforme a la determinación de la CILA.
La cancillería reiteró que México mantiene su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos que regulan la frontera común y con el diálogo bilateral a través de las instancias establecidas por ambos gobiernos.
